Cataluña se queda fuera de la evaluación de la futura reforma territorial

La Generalitat no mandó a su experto para alumbrar el futuro modelo de financiación y tampoco participará en la valoración del informe de los sabios

Cataluña no participará en la primera evaluación para alumbrar el futuro modelo de financiación territorial. Las comunidades autónomas de régimen común –todas salvo País Vasco y Navarra, que tienen un sistema foral– evaluarán hasta el 24 de noviembre la propuesta de reforma de la financiación autonómica que hizo el grupo de «sabios» el pasado mes de julio. Cataluña no participó entonces de este informe, ya que no eligió a un experto que la representase en pleno pulso independentista –en su lugar, habló en su nombre el experto que envió Baleares–. Esto hará que se quede fuera de esta evaluación previa.

Cada comunidad y ciudad autónoma designó a un economista para que, junto a los tres expertos que eligió el Ministerio de Hacienda, alumbraran una propuesta de reforma de la financiación. Los «sabios»entregaron su informe a Hacienda y recomendaron permitir a las comunidades autónomas subir o bajar el IVA de forma colegiada o armonizar el Impuesto de Sucesiones.

Ahora cada región tiene que valorar individualmente el informe y enviar este mes, junto a sus propuestas concretas, su evaluación a la secretaría general de Financiación Autonómica y Local, como anunció ayer el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. Cataluña, al no elegir experto, se quedará fuera de este análisis: la Generalitat no remitirá su opinión sobre el informe.

Como fuere, este trámite marcará el inicio de la negociación autonómicay política sobre el futuro modelo de financiación. En palabras de Fernández de Moya, será el Consejo de Política Fiscal el que afronte «en el plazo más breve posible» la negociación «de cada uno de los epígrafes» de la reforma. Desde posibles quitas de deuda autonómica con el Estado hasta armonización fiscal impuesto por impuesto.

«Tras esto, la secretaría elaborara una propuesta de borrador que se sometería a votación hasta alcanzar acuerdo sobre el texto definitivo», incidió Fernández de Moya. A continuación sería el Gobierno el que aprobaría el proyecto de reforma, de manera que el Congreso de los Diputados tendría la última palabra. Debido a ello, Fernández de Moya pidió ayer el apoyo del grupo socialista para esta batalla política. El PSOE gobierna en siete de las quince comunidades de régimen común, por lo que su visto bueno es imprescindible para sacar adelante esta reforma.

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