La Presidente del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, tiene un
problema más a la vista. El Supremo ha admitido a trámite la querella por
rebelión, sedición y malversación presentada por la Fiscalía contra ella y
contra otros miembros de la Mesa del Parlamento catalán. La resolución ha
determinado que los “cimientos del Estado de Derecho han sido dinamitados
con sus actos, realizados con absoluto desprecio a la Constitución y
proclamando la independencia de una parte de la Nación española, que es patria
común e indivisible de todos los Españoles”.
Este tipo de delito está penado con hasta 30 años de cárcel ya que para
la fiscalía estos hechos de los parlamentarios “se han desarrollado más
allá del territorio de Cataluña y han producido efectos traspasando el
territorio de dicha comunidad autónoma, irradiando al resto del territorio
nacional”.
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