La otra es un órgano colegiado de altos cargos del Estado

Una norma copiada textualmente de la Constitución alemana, que ha permanecido inédita en 40 años. Sólo una vez envió Felipe González un requerimiento semejante al Gobierno canario por desobedecer normas fiscales europeas y no fue necesario ir más allá porque las autoridades de las islas obedecieron. Según fuentes del Tribunal Constitucional, «el artículo 155 es la bomba atómica, está ahí como amenaza, pero a nadie se le ha pasado nunca por la cabeza que hubiera que aplicarlo».

A pesar del optimismo de las declaraciones oficiales en las que presidente, vicepresidenta y ministros se muestran esperanzados en que Carles Puigdemont ponga freno al proceso independentista, fuentes del Gobierno señalan que tienen prácticamente descontada ya la activación de esa norma legal, salvo que un milagro de última hora lleve al presidente catalán a convocar elecciones anticipadas.

Mucho más cuando el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya ha dejado claro que está dispuesto a negociar con el Gobierno el contenido del desarrollo de este artículo constitucional, si llega el caso de que Puigdemont se mantenga en sus trece para proclamar la república catalana.

Los juristas y los expertos en Derecho Constitucional no son muy explícitos a la hora de pronunciarse acerca de cómo debe desarrollarse el 155. El Gobierno se adentrará, pues, en un territorio inédito que nadie ha explorado. Los responsables de los servicios jurídicos del Estado y la Presidencia del Gobierno trabajan a contrarreloj -y con un elevado nivel de vértigo y estrés- desde hace dos semanas en busca de la fórmula jurídica para tomar «las medidas necesarias para obligar» a la comunidad autónoma catalana «al cumplimiento forzoso» de sus «obligaciones». Las «medidas» deberán ser remitidas al Senado para su aprobación por mayoría absoluta.

Este periódico ha podido conocer cuáles son los planes y las hipótesis concretas que el Gobierno tiene encima de la mesa para desarrollar la norma constitucional si las autoridades catalanas no rectifican. El escenario general con el que trabajan los servicios jurídicos del Estado es la destitución de todo el Govern y su reemplazo por una superestructura general paralela designada por el Gobierno central para hacerse cargo de la gestión ordinaria de la administración autonómica catalana durante unos meses -de tres a seis- y posteriormente convocar las elecciones autonómicas. La operación político-jurídica es inédita, enormemente delicada, y está plagada de incógnitas que los responsables de su ejecución habrán de resolver antes de plantearla en el Senado.