La estructura que sustituya al Govern se encargará de la gestión ordinaria

«No se trata de suspender la autonomía de Cataluña, eso no se puede hacer, sino de garantizar el autogobierno, de restaurar la legalidad estatutaria que se está incumpliendo. Pero respetando todas sus competencias y sin privarla de sus instituciones de autogobierno. Cataluña no se va a convertir en Ceuta y Melilla, la única parte del territorio en la que el Estado sigue manteniendo muchas competencias», se asegura desde el Gobierno.

Los abogados del Estado que trabajan en el plan de ejecución del 155 contemplan dos hipótesis generales para sustituir al presidente de la Generalitat y a su Govern. La primera es un Gobierno de concentración en el que participarían políticos de todos los partidos, incluídas algunas personalidades nacionalistas críticas con el proceso independentista. Se trataría de nombrar a un presidente de la Generalitat y a los correspondientes consellers de entre personalidades con prestigio.

Entre los nombres que se han barajado -siempre con carácter muy embrionario- figuran Josep Borrell -catapultado a la actualidad por su discurso tras la manifestación de Barcelona-, el ex ministro Josep Piqué, el ex dirigente de Convergència Josep López de Lerma e, incluso, el propio Josep Antoni Durán i Lleida.

Las fuentes consultadas señalan que esta opción de un Gobierno político de concentración para sustituir a los actuales consellers no es la preferida de Moncloa. Sobre todo por la dificultad para encontrar a los candidatos adecuados para encabezar las distintas carteras y que quieran participar en una operación de alto riesgo como ésta.

La segunda hipótesis sería un gobierno de gestión, más «tecnocrático», y consiste en la creación de un órgano colegiado, compuesto por altos funcionarios del segundo nivel del Estado -subsecretarios, secretarios de Estado o directores generales-, que se harían cargo de los distintos departamentos del Gobierno catalán, para gestionar los asuntos ordinarios. Este órgano colegiado sería casi una copia de la comisión de subsecretarios y estaría presidido por Soraya Sáenz de Santamaría.

A partir de ahí, existen muchas dudas. La primera, si los altos cargos designados para hacerse cargo de las funciones de las distintas consejerías tendrían que desplazarse a Cataluña o ejercer desde Madrid. La segunda, qué hacer con los escalones superiores de la administración autonómica catalana -secretarios generales, directores generales-, que podrían ser destituidos o mantenidos en sus puestos. También cabe la posibilidad de que se produzcan dimisiones en bloque. La administración catalana tiene 300.000 funcionarios.