AbilioH.
de 42 años está ingresado en la prisión de Brians 1, a unos 40
kilómetros de Barcelona. Una vez conoció la declaración de independencia del
separatista Carles Puigdemont exigió su inmediata puesta en libertad
con un razonamiento jurídico más que peculiar: como que la Generalitat es
responsable de las prisiones por tener la competencia transferida y ésta ya no
reconoce las leyes españolas, se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial
efectiva consagrada en el artículo 24 de la Constitución.
En un documento presentado al juzgado de guardia de Sant Feliu
de Llobregat escrito y firmado de ‘puño y letra’ por él mismo sin abogado ni
procurador, solicita un ‘habeas corpus’, (figura legal que permite poner un
detenido a disposición inmediata del juez para que considere si ha sido
arrestado de manera ilegal).
Abilio va más allá: “Estoy en detención preventiva interno al
CP Brians 1 bajo las leyes del código penal español”. Estas leyes,
añade, “no las reconoce el órgano competente que guarda tanto mi custodia como
mis deberes y derechos como ciudadano español (Departamento de Justicia de la
Generalitat de Cataluña)”. Por todo ello, “suplica” al Juzgado que se
pronuncie sobre su situación legal.
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